Banco malo, crisis bancarias y ayudas del Estado. Perfiles generales y tendencias evolutivas del cuadro normativo

Impropiamente conocidos como bancos malos («bad banks»), ya que actúan meramente como gestores de la recuperación de créditos o como sociedades especializadas en la desinversión de NPLs (Non Performing Loans), las Sociedades de Gestión de Activos se han propuesto, especialmente en los últimos años, como instrumento de resolución de las crisis del mercado crediticio. El banco malo es, en suma, una solución de gran alcance, por no decir de sistema, porque elimina el legado negativo de un pasado que puede comprometer el futuro . Este modelo, aunque en diferentes variantes, ha conocido en los últimos años una amplia difusión, por efecto de su versatilidad y adaptabilidad a las peculiaridades de cada situación de inestabilidad. La razón principal para la constitución de tales estructuras fue precisamente contribuir a reducir la diferencia entre los valores contables a los que los bancos, a menudo vendedores obligados, tenían en balance los elementos y el precio reconocido por el mercado y, en consecuencia, para aliviar, al menos parcialmente, las pérdidas en las cesiones de créditos de dudoso cobro. En esencia, la institución de un banco malo permite sacar a la luz los activos «deteriorados», «limpiando» el balance del banco y aumentando su capacidad para refinanciar y recapitalizarse . Incluso más, contablemente, la creación de tal vehículo puede considerarse, con razón, una solución alternativa a la hipótesis de una recapitalización, dado que ambas operaciones impactan en la relación activo/patrimonio: la eliminación de créditos problemáticos actúa sobre el numerador, aligerando el activo de activos fuertemente devaluados; la recapitalización refuerza el denominador, aumentando el patrimonio con nuevos recursos, en ocasiones, difíciles de encontrar en el mercado. La diferencia entre los dos tipos de intervención, para los bancos, es la libertad de acción en la gestión del vehículo: cuando el Estado interviene, aunque solo financiando parcialmente un banco malo, suele exigir que los emolumentos de los gerentes se limiten y que a los recursos públicos empleados se les garanticen rendimientos (en forma de dividendos, cupones, ...) con una connotación de prioridad con respecto a las exigencias de remuneración de los accionistas privados. Estos vínculos, claramente, no existen (o son menos fuertes) en el caso de un aumento de capital con pago procedente por el mercado.